UNA BATALLA LEJOS DE ESTAR TERMINADA
Presente en África desde mediados de la década de 1980, la empresa Bolloré se ha convertido en un imperio establecido en 46 países del continente, invirtiendo en diversos campos como el ferrocarril y el transporte de mercancías; y plantaciones agrícolas. Encabezada por el industrial francés Vincent Bolloré, esta empresa se encuentra entre las más poderosas de Francia.
Desde hace más de diez años, ONG internacionales y ciudadanos cameruneses denuncian presuntas violaciones de los derechos humanos y ambientales por parte de la empresa de aceite de palma Socapalm, señalando la responsabilidad del grupo Bolloré. La empresa es propiedad de la empresa belga-luxemburguesa Socfin, que es propiedad del grupo francés en un 38,7 por ciento.
En 2010, cuatro ONG, entre ellas la organización francesa Sherpa, iniciaron una acción inicial contra el grupo Bolloré presentando un recurso ante el Punto Nacional de Contacto francés (NCP, organización que defiende los principios de buena conducta empresarial de la OCDE). Esta acción condujo, en 2013, a una mediación entre las ONG y el grupo Bolloré, durante la cual se negoció un plan de acción para “la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los empleados de las plantaciones y las poblaciones locales”[1] para Socapalm negociado por Sherpa y Bolloré Grupo. Su implementación debía extenderse a lo largo de dos o tres años. Este plan de acción iba a ser supervisado por un organismo independiente que tendría en cuenta la participación de los socios locales. En marzo de 2014, las partes, el Grupo Bolloré y la asociación Sherpa, validaron la selección de esta organización.[2] Pero en diciembre de 2014, el Grupo Bolloré reportó dificultades en la implementación del plan de acción por parte del Grupo Socfin, accionista mayoritario de Socapalm y una relación comercial del Grupo Bolloré.[3]
En un comunicado de prensa del 18 de mayo de 2016, el PNC francés hizo una evaluación poco entusiasta de la remisión y recordó en un anexo las etapas del caso desde 2010. Señaló que el grupo Bolloré había utilizado su influencia frente a sus relaciones comerciales pero que a nivel formal aún no se había implementado el plan de acción de Socapalm. Señaló que el centro de gravedad para la implementación del plan de acción se había desplazado del grupo Bolloré al grupo Socfin. Finalmente, señaló que el Grupo Socfin había aceptado los buenos oficios del PNC belga, lo que permitió abrir una nueva fase de la remisión para que el Grupo Socfin y los denunciantes pudieran iniciar el diálogo bajo el liderazgo del PNC belga, en continuidad con las decisiones anteriores y en coordinación con el PNC francés. A partir de entonces, el liderazgo de la remisión se transfirió al PNC belga competente para interactuar con el Grupo Socfin.
El PNC belga ofreció sus buenos oficios al Grupo Socfin y Sherpa en 2016 y 2017 y llevó a cabo la mediación entre las partes. Coordinó su acción con los PNC de Francia y Luxemburgo. El PNC belga emitió una declaración final el 15 de junio de 2017, en la que señaló el desacuerdo entre las partes. Formuló recomendaciones y se comprometió a darles seguimiento. En una declaración de seguimiento del 26 de noviembre de 2018, el PNC belga señaló que “En general, todavía hay muchas críticas y la situación de Camerún todavía parece delicada. En 2019, varias organizaciones han iniciado procedimientos judiciales en Francia con respecto al plan de acción de Socapalm y que se ha presentado una circunstancia específica que cita esta remisión ante el PNC holandés.
En septiembre de 2021 se inició un nuevo episodio con una demanda presentada en Francia por 145 cameruneses contra el grupo Bolloré, al que acusan de no respetar los derechos humanos y medioambientales en sus plantaciones de palma aceitera. Los denunciantes, que viven en las inmediaciones de las plantaciones, exigieron al grupo Bolloré que aporte documentos para establecer sus vínculos con la empresa camerunesa de aceite de palma Socapalm, a la que acusan de vulnerar sus derechos. El objetivo de este procedimiento era establecer la responsabilidad del grupo francés y obtener una indemnización. El 7 de enero de 2022, el tribunal de Nanterre falló a favor del grupo Bolloré, rechazando la pretensión de los querellantes.
Desde 2010, la situación de estas comunidades que viven cerca de las plantaciones de Socapalm-Socfin-Bolloré no ha dejado de clamar por ser escuchadas y por eso se puso en marcha un plan de acción para intentar dar respuesta a sus preguntas. Esta decisión de la corte seguramente hace añicos su esperanza. Pero a pesar de este revés, el procedimiento, que tiene como objetivo establecer la responsabilidad del grupo francés y obtener una indemnización, continúa.
Odile Ntakirutimana
[1] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/bd7a00fc-6949-450b-bc40-aa09ac044ab0/files/aefc5121-87cf-4319-8d53-4e6cdd945554
[2] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/bd7a00fc-6949-450b-bc40-aa09ac044ab0/files/aefc5121-87cf-4319-8d53-4e6cdd945554
[3] https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/pcn-france/circonstance-specifique-groupes-bollore-et-socfin-socapalm-au-cameroun
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