Retos del Acuerdo Post Cotonou 2020
Publicado por José Luis Gutiérrez Aranda | 31 de octubre de 2017 | África.
AEFJN Secretariado Bruselas
Las relaciones económicas entre la Unión Europea (UE) países africanos (y otros países del Caribe y el Pacífico) se han enmarcado en diferentes acuerdos legales desde el final de la colonización. En 1975, el Convenio de Lomé estableció relaciones económicas asimétricas mediante las cuales los países europeos abrieron sus fronteras a los países africanos para sus materias primas y productos agrícolas, libres de aranceles y cuotas. A cambio, los países africanos mantendrían los aranceles para los productos importados de Europa. Los países europeos también ofrecerían ayuda al desarrollo a los países africanos para fomentar las economías africanas. Estas ventajas para los países africanos ayudaron a desarrollar su industria incipiente y a proteger sus economías.
El Convenio de Lomé fue reemplazado por el Acuerdo de Cotonú en el año 2000. En virtud del Acuerdo de Cotonú, la UE y las regiones de África propusieron Acuerdos Económicos de Partenariado (EPAs), para regular las relaciones comerciales dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que hubiera relaciones económicas simétricas para armonizar la economía global. A través de estos acuerdos, la UE buscó asegurar el acceso a los recursos naturales y productos agrícolas de los países africanos. La UE podría exportar sus productos a los países africanos, libre de aranceles y cuotas, además de algunos productos considerados esenciales para sus economías, es decir, mercancías agrícolas, vinos y licores, productos químicos, plásticos, papel a base de madera, textiles y prendas de vestir, calzado, productos de cerámica, cristalería, artículos de metales comunes y vehículos. Si bien el plazo para los EPAs fue 2007, hasta ahora solo 7 de 34 países africanos han firmado, ratificado y recientemente implementado este acuerdo. El Acuerdo de Cotonú tendrá vigencia hasta 2020.
En 2016, la UE publicó una Declaración conjunta en la que instaba a una nueva renovación entre los países ACP y la UE después de 2020. La UE abrió un período de reflexión para establecer un nuevo marco jurídico para el acuerdo post-Cotonou que entraría en vigor en 2020. El nuevo marco legal post-Cotonou era involucrar a la UE en relaciones económicas más justas con África y combinar mejor los intereses económicos de Europa y las legítimas aspiraciones de desarrollo de los países africanos. La UE centra su interés en dos pilares: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la Estrategia Global para la UE. Sin embargo, olvida que la realidad de las economías africanas debe tenerse en cuenta, para que no se vuelven a cometer los mismos errores, condenando las nuevas relaciones a un fracaso mas lejano.
En el período cubierto, tanto por la Convención de Lomé como por el Acuerdo de Cotonú, se ha producido un gran avance en el desarrollo de África gracias a muchos factores, por ejemplo, la inversión de otras regiones del mundo en África o la mayor explotación de los recursos naturales en el Continente. Sin embargo, África aún está lejos de tener condiciones para un crecimiento económico sostenible. Más de cuatro décadas después todavía no ha habido tiempo para que las economías en desarrollo de África desplieguen sus industrias y muchos han expresado su preocupación por las consecuencias de tales tratados.
La relación económica, en un acuerdo posterior a Cotonú, debería reducir algunos de los problemas causados por la economía mundial, que han puesto a los países africanos en una clara desventaja. Estos problemas se pueden agrupar en tres categorías.
La primera categoría es la desigualdad y fragilidad de las economías africanas. La falta de empleos de calidad es el principal problema para las economías emergentes de África. Además, al menos el 50% de los empleos pertenecen a la economía informal. Más allá de la falta de empleos de calidad, la infraestructura limitada, el acceso débil a la salud y la educación, el acceso poco fiable a la energía, la inseguridad alimentaria y la falta de respeto de los derechos fundamentales están obstaculizando un desarrollo genuino en África. Todo esto es fundamental para el desarrollo económico. Si Europa quiere establecer relaciones comerciales y una cooperación real con África, debe aceptar que el punto de partida para ambos es diferente. De lo contrario, la UE continuará condenando a los países africanos a ser meros proveedores en la cadena de suministro de recursos naturales y productos agrícolas como frutas tropicales, café o cacao.
La segunda categoría sería el buen gobierno y la responsabilidad de los países europeos. Desterrar la corrupción de las instituciones es un problema para todas las sociedades. A veces, en los países desarrollados es más sutil, y en los países en desarrollo es difícil establecer mecanismos de control. Por eso, cuando la UE señala la buena gobernanza como un elemento clave para el desarrollo, también debería trabajar sobre la coherencia en sus propias leyes de desarrollo. La UE debería fortalecer y desarrollar las Directivas de Transparencia para crear mecanismos viables que requieran que sus empresas sean totalmente transparentes, paguen impuestos justos y sean responsables de sus acciones en el exterior. Las empresas europeas deberían respetar los derechos sociales en los países africanos, tal como lo hacen en Europa, y respetar la legislación nacional de los países donde operan, así como los tratados internacionales de derechos humanos.
La tercera categoría sería el desarrollo de su comercio regional en el marco de la economía global. África tiene las tasas de desempleo más altas del planeta y la mayoría de la población depende de la agricultura local. Mantener las condiciones actuales requeridas por los EPAs solo puede conducir a un empobrecimiento progresivo de las economías africanas porque tales acuerdos no pueden desarrollar la industria local y crear nuevos empleos en África. El proteccionismo de ciertas industrias en África ayuda a preservar sus economías y promover algunos sectores. De la misma manera previniendo y limitando algunos productos agrícolas extranjeros al igual que servicios en países de desarrollo obligaría a ellos a desarrollar mas iniciativas de negocios dentro de sus fronteras y regiones. Las leyes de la Economía global deben de ser adaptadas a que promocionen una integración regional entre los países africanos adoptando leyes a las circunstancias particulares. La eliminación de tarifas sobre las importaciones de los productos europeos a África cortarían las entradas de las tasas aduaneras que son necesarias para desarrollar los servicios básicos tales como la Educación, la Salud y las Infraestructuras . Asegurar el desarrollo de cada economía nacional al igual que la colaboración intra-regional de los países africanos debe de estar en el puesto máximo de interés de la UE.
Por lo tanto, después de más de 40 años con diferentes acuerdos económicos entre África y Europa, deberíamos preguntarnos si los países africanos están realmente en posición de crecer hacia los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El acuerdo posterior a Cotonú debería promover la coherencia entre unas relaciones comerciales más justas y las políticas de desarrollo, a fin de contribuir a reducir la desigualdad en África. Las estrategias económicas de la UE no pueden ser una nueva excusa para seguir practicando las antiguas políticas de explotación de los países africanos y sus recursos naturales, incluidos los productos agrícolas. Los países africanos tienen el poder de desarrollar su economía transformando sus recursos naturales en sus países y no solo siendo el primer eslabón de las cadenas de suministro. Además, apoyar la agricultura familiar y los productos agrícolas es esencial para garantizar la seguridad alimentaria en el Continente.
Por último, pero no menos importante, la industria incipiente debería ser una prioridad para los gobiernos africanos, ampliando en el tiempo los aranceles de importación y creando subsidios a la exportación para sus productos agrícolas. Claramente, los inversores extranjeros en África necesitan seguridad jurídica para operar allí, pero las empresas e inversores extranjeros, deben comprometerse a respetar la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y responsabilidad social para las poblaciones locales. Si no se respetan estas condiciones, será difícil crear relaciones justas entre la UE y los países africanos, repitiendo los fracasos del Convenio de Lomé y del actual Acuerdo de Cotonú.
