Plantaciones de SOCFIN en África: Muchas de ellas son lugares de violencia y destrucción.

Miembros de SYNAPARCAM protestan contra el incumplimiento de sus acuerdos, y por el impacto de SOCFIN sobre las plantaciones. Camerún, 21 de septiembre de 2017.WRM.

En 2016, el grupo multinacional agroindustrial SOCFIN, controlado por la familia belga Fabri (50,2 % de las acciones) y el grupo francés Bolloré (39 % de las acciones), anunció su nota política de “gestión responsable”.(1) Esta política se refiere a normas ambientales estrictas, respeto a los derechos humanos, transparencia, certificación de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), su buena gestión, entre otras. Pero son palabras huecas porque no representan un trabajo transparente, responsable y respetuoso respecto a las comunidades que viven, en y alrededor, de las áreas de plantación, y que perciben diariamente el verdadero comportamiento de la empresa.

Este artículo analiza lo que está sucediendo en algunos de los países en los que SOCFIN promueve sus plantaciones de caucho y palma aceitera. Revela la gran brecha que existe entre su denominada política de “gestión responsable” y la realidad de violencia y destrucción en torno a las plantaciones que, con la complicidad de los Gobiernos Nacionales, intentan reprimir la resistencia popular.

Nigeria
Okomu Oil Palm Company PLC es una empresa nigeriana de plantación de palma y caucho industrial. Okomu fue fundada en 1976 como una empresa estatal, pero SOCFIN adquirió parte de dicha empresa en 1990 y ahora posee el 63 % de las acciones. En 1998, por lo menos cuatro aldeas fueron destruidas con violencia, y ​​sus habitantes desalojados. La compañía incautó sus casas, propiedades y tierras de cultivo. Los cuatro pueblos son: Owieke con 25 casas, Agbede con 31 , Limón con 15 e Ijawgbini con 7. Una investigación estatal acusó a los aldeanos de ser ocupas ilegales, aunque el mismo informe reconoció que ya estaban en esas tierras antes de que la zona fuera declarada Reserva Forestal en 1912. Además, una ordenanza forestal de 1935 también afirmó la existencia de estos pueblos antes de ese año.

En 2010, otro pueblo, Makilolo, iba a ser desalojado, pero la gente se resistió a los planes de Okomu. En respuesta, el pueblo fue bloqueado por las fuerzas de seguridad de la compañía, cortando cualquier acceso con el mundo exterior. La empresa pretendía, en primer lugar, obtener apoyo de las otras aldeas para el desalojo de Makilolo durante más de tres meses (del 17 de noviembre de 2010 al 25 de febrero de 2011) y, en segundo lugar, intentar obligar a la jefatura de Makilolo a firmar un acuerdo con la empresa, declarando que el pueblo es un ocupante ilegal en la propiedad de la empresa. Al final, la empresa logró obtener un acuerdo firmado, pero sólo por un pequeño grupo de personas y no por miembros de la Comunidad Makilolo.

El acuerdo establece que: “Okomu Oil Palm Company es propietaria legal de todas las tierras que actualmente se encuentran invadidas por los ocupas de Makilolo (…) y todos los ocupantes de Makilolo aceptaron que no son los dueños legales de la tierra y no tienen título o propiedad (…) Y que, aunque Okomu Oil Palm Company sea propietaria legal, y posea todos los derechos y títulos, de acuerdo con la Ley nigeriana, permitirá a los ocupantes de Makilolo permanecer allí y llevar a cabo sus tareas diarias en la tierra”. Sin embargo, la empresa sólo les dejó 50 hectáreas como una “donación” para la comunidad y, además, impuso restricciones sobre su uso, como por ejemplo, limitar el derecho a sembrar cultivos alimenticios. (2)
Asimismo, el río del que dependía el pueblo para su abastecimiento de agua se contaminó con agrotoxinas utilizadas en plantaciones de palma aceitera.
En 2015, el gobierno del Estado de Edo, bajo el mando del ex gobernador Adams Oshiomhole, ordenó la revocación de los acuerdos de tierras que involucraban a la compañía. La decisión fue publicada en el Estado de Edo, Gazzette el 5 de noviembre de 2015. La orden de revocación abarca aproximadamente 13.750 hectáreas de las reservas forestales de Okomu, la Reserva Forestal de Owan, cubriendo las áreas del OVNI, Uhunmwode y Owan.

Pero hasta ahora, Okomu ha desatendido la orden de revocación de Edo State Goberment. En cambio, la compañía ha militarizado las áreas de las comunidades y, bajo un escudo militar, se embarcó en una continua deforestación del bosque para la expansión de sus plantaciones de palma aceitera. Como resultado, más de 20 mil comunidades campesinas y dependientes de los bosques han sido desplazadas: Aldea de Okomu, Agbede, Campo de Ik, Makilolo, Lemo, Oweike, Avbiosi, Sobe, Uhiere, Owan, Ugbebezi, Oke-Ora, Ekpan, Oke, Atorumu, Ogbetu, Umokpe, Orhua, Ozalla, Sabo, Odiguetue, Agudezi, Uhunmora, Uzeba y Odighi son algunas de las comunidades directamente afectadas. (3)
El 21 de junio de 2017, a pesar de varios intentos de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, la palma afectó a comunidades, campesinos, mujeres y grupos de la sociedad civil. ERA / Amigos de la Tierra Nigeria, organizó una masiva protesta contra la complicidad del actual Gobernador del Estado de Edo Obaseki con las actividades de Okomu.
Sierra Leona
SOCFIN llegó a Sierra Leona en 2011, prometiendo empleos y becas a los habitantes de Malen Chiefdom, en el distrito de Pujehun, provincia del sur. Pero no fue así, impusieron pagos a los terratenientes y tomaron las tierras de las que dependen los habitantes locales, para las plantaciones de palma aceitera (palmeras y tierra) que las comunidades perdieron. SOCFIN ofrece la cantidad de 200 dólares por cada acre [alrededor de media hectárea] durante un período de 50 años. SOCFIN también paga una renta anual de alquiler de 5 dólares por acre, de lo que el 50% corresponde a los propietarios, el resto se paga a las autoridades locales y al Gobierno central. Estas cantidades son ridículas, considerando que las familias podrían ganar más de 200 dólares por acre al año, trabajando en su tierra. Los pocos miembros de la comunidad que pueden obtener puestos de trabajo en la empresa se les paga muy poco.

SOCFIN quiso trasladar algunas comunidades, pero la gente se resistió. En 2011, se creó la Organización de Propietarios y Usuarios de Malen (MALOA), después de que 40 terratenientes fueran arrestados por la policía local durante una protesta contra las actividades de SOCFIN. Desde entonces, los miembros de MALOA han sufrido constantes intimidaciones, incluso arrestos. Se han presentado al menos cinco causas penales contra los dirigentes y miembros del MALOA, entre ellos seis líderes del MALOA en 2013 y once en 2015. En todos los casos, los miembros del MALOA fueron detenidos durante varios días y a veces permanecieron durante semanas sin juicio. El 4 de febrero de 2016, los seis dirigentes del MALOA fueron sentenciados y recibieron una multa de alrededor de 35 mil dólares. La multa draconiana fue pagada por medio de una campaña internacional de recaudación de fondos. En julio de 2017, se multó a los once miembros de MALOA con 27 dólares cada uno.
En 2015, MALOA registró como miembros a cerca de dos mil personas de la zona, pero el proceso de registro se detuvo cuando siete miembros de MALOA, incluidos los miembros encargados del proceso, fueron arrestados en septiembre de 2015 por “indicar nombres de personas” sin el consentimiento de las autoridades locales. En marzo de 2017, el Jefe de Gabinete de la Presidencia contactó MALOA declarando que tenía un mandato del Presidente para abrir un diálogo entre SOCFIN y las comunidades, pero algunos de los mediadores y personas de contacto que él propuso están imputados por criticar a MALOA y a otras organizaciones que se oponían al SOCFIN, lo cual era inaceptable para MALOA. Desde entonces, el Jefe de Gabinete ha tenido dos reuniones con representantes de MALOA, pero la voluntad política necesaria para avanzar en el diálogo parece estar ausente.
Las mujeres miembros de MALOA se quejan de que las condiciones de trabajo en las plantaciones de SOCFIN son malas, especialmente para ellas. Una trabajadora, una madre, declaró que tiene que salir de su casa a las 4’30 de la mañana para ir a trabajar, y que sus hijos están desnutridos. Se queja de que antes de que entrara SOCFIN, podía alimentar a sus hijos con la comida que producía en su campo, y con ese ingreso podría pagar las cuotas escolares. Ahora, el dinero que gana por trabajar en las plantaciones de SOCFIN es demasiado poco para pagar las cuotas escolares. Además, la ausencia de su casa y, por lo tanto, la falta de atención para sus hijos, ha creado otros problemas. Las mujeres también sufren violencia, abusos y arrestos. Una mujer embarazada fue arrestada con la acusación de “robar” frutas de palma de aceite de la compañía.

Los miembros de MALOA han organizado un sit-ins y exigen una revisión del acuerdo de concesión, así como una investigación independiente de sus reclamos. También exigen la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe sobre la investigación sancionada por la Agencia de Protección Ambiental de la contaminación del río Malen, a causa de los productos químicos utilizados por SOCFIN. Quieren la devolución de algunas tierras de cultivo y una compensación adecuada por sus tierras y cultivos, lo que significaría una pequeña mejora de sus recursos. Sin embargo, saben que, sin sus tierras, la situación nunca será la misma y por lo tanto seguirán la lucha hasta que las recuperen.

 

Liberia

En Liberia, SOCFIN actúa desde 1983. Por medio de sus dos filiales, la Liberian Agricultural Company (LAC) y Salala Rubber Corporation (SRC), ha logrado acceder a casi 130 mil hectáreas mediante concesiones de tierras, de las cuales más de 18 mil hectáreas son para plantaciones de caucho (4).

Las comunidades en y alrededor de las plantaciones sufren pobreza extrema. En mayo de 2006, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) publicó un informe que describía la grave situación de los derechos humanos en las plantaciones: niños trabajadores menores de 14 años, uso generalizado de la subcontratación, uso de productos cancerígenos, abusos de los sindicatos, despidos arbitrarios, relaciones con las milicias privadas y desalojo de campesinos que obstaculizan la expansión de la zona de plantación.
El testimonio de una mujer de una comunidad afectada por una de las plantaciones de caucho de Salala muestra la terrible situación a que se enfrentan:
“Crecí en un pueblo recibido de mis antepasados. Teníamos libre circulación en nuestras comunidades, tierra abundante, que se utilizaba para actividades agrícolas, bosques para cazar y recolectar plantas medicinales y ríos para la pesca. Un día soleado en 2010, mientras estábamos en nuestra ciudad, vimos a un grupo de hombres con cuchillos, hachas y otras herramientas de trabajo, caminando hacia nosotros. Cuando llegaron, les preguntamos por qué estaban aquí. Ellos respondieron que la tierra que estamos ocupando fue comprada por la compañía de caucho de Salala hace mucho tiempo y que pertenecía al gobierno. Esa declaración era totalmente extraña a nuestros oídos, porque esta tierra es donde nacimos, crecimos y tuvimos a nuestros hijos; ¿cómo entonces puede ser de la empresa?. Entonces nos dijeron que la transformación de nuestra ciudad iba a suceder al día siguiente porque la compañía estaba lista para comenzar sus actividades.
La noche después de su visita, vinieron mientras dormíamos con la policía y las máquinas amarillas. Las máquinas amarillas empezaron a cortar los árboles (caucho, café, cacao, plátano, naranja, etc.) que rodeaban la ciudad y estropearon nuestras fuentes de agua. El sonido de las máquinas que despertó a los miembros de la ciudad. La gente comenzó a llorar y se marchó de allí sin ninguna de sus pertenencias. Cada uno siguió su propio camino para encontrar un nuevo lugar donde comenzar una nueva vida, por lo que la comunidad ya no está reunida y somos gente sin tierra. Teníamos niños de apenas un mes de edad y caminamos de dos a tres horas para llegar a la ciudad más cercana. Durante nuestro largo viaje no tuvimos nada para comer, ni agua para beber. Nos dolían las piernas y teníamos los pies hinchados. Llegamos a la ciudad cercana, sin tener ni idea donde podíamos dormir esa noche. Durante muchos meses, dormimos en el suelo de una vieja cocina abandonada. Otras ciudades cercanas tuvieron experiencias similares o incluso peores.
La Compañía SOCFIN destruyó todas nuestras fincas, en las que habíamos trabajado tanto, destruyeron la tumba de mis padres, cortaron nuestros árboles frutales, nuestros sitios culturales y lugares sagrados, nuestras escuelas tradicionales para niñas y niños. La Compañía también destruyó nuestro centro de curación para las mordeduras furtivas y dañó el sitio sagrado de las mujeres para dar a luz.
Ahora nos hemos convertido en indigentes debido al daño que han hecho en nuestras vidas. Alquilamos un pequeño pedazo de tierra para plantar los cultivos para la supervivencia en nuestra nueva ciudad. Los productos químicos utilizados en las plantaciones de caucho también han infectado el río utilizado por los miembros de la nueva ciudad. Nuestra fuente de agua es el pantano. Abrimos hoyos por la mañana y sale agua. El agua del hoyo del pantano no está limpia, pero tenemos que usarla para beber y otras actividades relacionadas con el agua. No queremos morir por el agua contaminada química.
Nosotras, las mujeres, nuestros hijos y hombres de edad madura no tenemos trabajo. Los niños tienen que quedarse en casa y no ir a la escuela, falta una escuela en la comunidad. No hay instalaciones de salud, por lo que hemos tenido muchas muertes por enfermedades comunes, por no hablar de la muerte de las mujeres embarazadas y sus bebés al nacer. Tengo una familia de cinco incluyendo a mi padre ciego. Ahora estoy involucrada en trabajos laborales generales que implica arar la tierra, desyerbar, rascar, plantar el arroz, etc. Voy de una granja a otra haciendo cualquier trabajo y recibo un dólar por trabajar todo el día, dinero que utilizo para proporcionar comida a mi familia de cinco miembros. No puedo hacer nada que pueda ayudar a mejorar mi nivel de vida”.

(La identidad de esta mujer se mantiene anónima por razones de seguridad)

Camerún

En Camerún, durante el año 1968 el gobierno creó SOCAPALM, una empresa nacional de palma aceitera que fue privatizada en 2000 y vendida al grupo SOCFIN. En 2005, el Estado entregó a las comunidades 20 mil hectáreas de tierra, sin embargo, no les informó sobre el acuerdo de compra con SOCFIN. En 2008, los miembros de la comunidad descubrieron que, a pesar de la privatización, los derechos de la comunidad estaban asegurados en el contrato entre SOCFIN y el estado de Camerún. No obstante, la empresa continúa promoviendo y expandiendo las plantaciones de palma aceitera en terrenos pertenecientes a las comunidades, sin pagar alquiler o compensación por ello.
En 2010, la comunidad que vive en las áreas de plantación de SOCFIN formó “La Asociación Nacional de Poblaciones Campesinas y Rurales de Camerún” (SYNAPARCAM), organización que reúne a miembros de seis plantaciones diferentes y que pretende defender sus derechos. Hasta 2014, el gobierno no reconoció su organización.
SYNAPARCAM, junto con organizaciones de otros países como MALOA en Sierra Leona y otros, crearon una alianza de personas afectadas por SOCFIN. En 2013, organizaron acciones en 4 países para protestar contra SOCFIN y reivindicar sus derechos como comunidades. Surgió en una reunión en Francia en octubre de 2014 con Vincent Bolloré, el propietario francés de SOCFIN. Pero Bolloré no asumió su responsabilidad por los problemas que las violaciones que SOCFIN está causando. En su lugar, sugirió que la gente debería resolver los problemas con las sucursales nacionales de su empresa en cada país, como SOCAPALM en Camerún. No es sorprendente, sin embargo, que el diálogo no avanza significativa-mente.

Varias ONG presentaron una denuncia contra SOCFIN a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2010, acusando a la compañía de afectar negativamente a los medios de vida tradicionales de las personas y a los trabajadores de las plantaciones. (5) Por ejemplo, sobre la base de un análisis de las muestras de agua, se denunció contaminación del agua por agrotoxinas. La OCDE consideró admisibles los alegatos y se elaboró ​​un plan de acción. Sin embargo, la compañía no ha hecho esfuerzos reales para implementarlo y, según SYNAPARCAM, continúan muchos problemas.
Las comunidades rodeadas por las plantaciones de SOCAPALM continúan con protestas, bloqueos de carreteras, difusión de información nacional e internacional, entre otras tácticas. A corto plazo SYNAPARCAM exige el acceso de las comunidades a un espacio vital de 250 hectáreas de tierra cercana a las aldeas.

Comentarios finales

Mientras que SOCFIN formula políticas y planes de responsabilidad, prácticamente sobre el terreno, como se describe aquí, la realidad es totalmente otra. La gente se enfrenta a la cruda realidad de la destrucción de las tierras de la comunidad, los medios de subsistencia, la cultura y la violencia se vive diariamente en muchas de las áreas de la plantación de la empresa. Prácticamente parece ser la política predominante. Las llamadas “políticas y planes de responsabilidad” equivalen a poco más que un discurso vacío. Todo serán discursos vacíos mientras exista impunidad. Situación que se facilita si se basa en compromisos voluntarios, como la certificación RSPO, o bien otras políticas y directrices no vinculantes.
Pero las comunidades afectadas no han renunciado. Por el contrario, siguen resistiendo todas las injusticias, y lo hacen cada vez más de manera articulada. ¡Merecen todo nuestro apoyo y solidaridad radical!

Compartimos aquí una petición internacional en curso de apoyo a las comunidades, que luchan contra la plantación Okomu en Nigeria.

Por favor, fírmenlo.

traducido para AEFJN-Madrid

(1) http://www.socfin.com/en/sustainable-development
(2) bulletin/section1/nigeria-okomu-oil-palm-company-
destroying-communities-for-oil-palm-expansion/
(3) http://erafoen.org/index.php/2017/03/07/field-report-
okomu-oil-palm-plc-clears-forest-farmlands-for-industrial-
agro-business-in-edo-state. –
(4) https://secured
static.greenpeace.org/france/PageFiles/266171/Brief%20Liberia-
Cameroun%20version%20finale.pdf 
(5) https://www.oecdwastch.org/case_200

 

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