MÁS DE 110 OBISPOS HABLAN PARA DETENER EL ABUSO CORPORATIVO:

“Ahora más que nunca, necesitamos la debida diligencia de la cadena de suministro para detener el abuso corporativo y garantizar la solidaridad global”

Más de 100 líderes de la Iglesia Católica firmaron la Declaración de los Obispos: “Ahora más que nunca, necesitamos la diligencia debida de la cadena de suministro obligatoria para detener el abuso corporativo y garantizar la solidaridad global”. La declaración exige a los Estados que detengan urgentemente el actual abuso corporativo, mediante la introducción de una legislación vinculante para regular sus actividades y hacerlas garantes por ley. La declaración de los obispos permanecerá abierta para recoger aún más firmas, especialmente en el período previo a la próxima ronda de negociaciones de un instrumento legalmente vinculante sobre empresas y derechos humanos en las Naciones Unidas.

“AHORA MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS LA CADENA DE SUMINISTRO OBLIGATORIA DEBIDA A LA ACTIVIDAD,  PARA DETENER EL ABUSO CORPORATIVO Y GARANTIZAR LA SOLIDARIDAD GLOBAL”

Las empresas irresponsables, valiéndose de diferentes actuaciones, son cómplices de actos de violencia y sufrimiento. Nosotros, los líderes católicos de todo el mundo, pedimos a los Estados que pongan fin a esta realidad. Con el estallido de Covid-19, la humanidad se enfrenta a una crisis mundial sin precedentes. Además de la amenaza para la salud pública, la dificultad económica y social amenaza los medios de vida y el bienestar a largo plazo de millones de personas. Los millones de trabajadores que se encuentran perjudicados en la cadena de suministro, son especialmente vulnerables a los peores impactos de la crisis, muchos de los cuales son mujeres. Por ejemplo, algunas grandes marcas de moda y minoristas han cancelado pedidos y se han negado a pagar por las prendas ya producidas, lo que ha provocado que millones de trabajadoras sean enviadas a sus hogares sin paga, seguridad social o compensación. La Pandemia ha sembrado el caos en las cadenas de suministro mundiales, que unen las fábricas entre las fronteras, mostrando la dependencia de las vulnerables trabajadoras, que realizan trabajos básicos en todo el mundo.

Para enfrentar esta crisis, la solidaridad entre los miembros de la familia humana será crucial. Nuestra fuerte interconexión requiere que todos demostremos responsabilidad, pero con demasiada frecuencia prevalece el interés privado de las empresas multinacionales, y no actúan con solidaridad. Las empresas irresponsables han estado implicadas durante mucho tiempo en diversos abusos, evadiendo impuestos que podrían servir para construir y mantener servicios públicos como hospitales o escuelas, contaminando nuestros suelos, agua y aire, o siendo cómplices de graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como el trabajo forzado y el trabajo infantil. Además,  cuando las leyes ambientales o sociales ponen en peligro las ganancias, existe evidencia clara de que las empresas transnacionales a veces amenazan con demandar a los Estados, utilizando el Mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado. Este sistema impulsado por las ganancias y la cultura de “usar y tirar” necesita ser afrontado, ahora más que nunca.

“La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Todo acto económico de envergadura, realizado en una parte del Planeta, repercute en el todo; por ello ningún gobierno puede actuar  al margen de una responsabilidad común.”.

 Papa Francisco, Evangelii Gaudium – 206

La violación de los derechos de los trabajadores y las consecuencias nocivas  sin precedentes para el medio ambiente, a niveles de consumo y producción,  están actualmente bajo nuestro foco de atención, y los gobiernos están tratando de contrarrestar estas violaciones sistemáticas. Al mismo tiempo, la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales crece, y abre las puertas a una regulación más estricta y a cadenas de suministro más resistentes. Como los obispos declaran, sentimos que tenemos la obligación moral y espiritual de hablar sobre la urgencia de reordenar las prioridades durante y después de esta crisis.

Para contrarrestar esta preocupante situación, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados tienen una oportunidad única de intensificar su trabajo, mediante la introducción de una legislación efectiva y sólida, para que se establezcan compromisos obligatorios de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente en todas las empresas. Dicha legislación debería mejorar el acceso a los tribunales para las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos, responsabilizando a las empresas por los daños que han causado.

Un estudio reciente publicado en febrero de 2020 por la Comisión Europea afirma inequívocamente que las medidas voluntarias están fallando y que existe una necesidad urgente de medidas reglamentarias a nivel de la UE. Un estudio de monitoreo encargado por el gobierno alemán concluye que menos del 20 por ciento de las compañías alemanas realizan la debida diligencia en derechos humanos, a pesar de ser un requisito en los marcos internacionales durante casi una década.

“La consideración primordial, que nunca hemos de olvidar, es que todos somos miembros de una familia humana. Y la obligación moral de cuidar unos de otros deriva de este hecho, al igual que el principio correlativo de colocar a la persona humana en el centro mismo de la política pública, en lugar de la mera búsqueda del poder o la ganancia. Este deber, además, incumbe tanto a los sectores empresariales como a los gobiernos, y es indispensable en la búsqueda de soluciones equitativas a los desafíos que enfrentamos. Como resultado, es necesario ir más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo, y tener plenamente en cuenta la dimensión ética en la búsqueda de soluciones para presentar problemas o proponer iniciativas para el futuro”. Papa Francisco, Mensaje al Presidente Ejecutivo del “Foro Económico Mundial” [Davos, Suiza, 21-24 de enero de 2020].

De hecho, las directrices y los enfoques voluntarios no están evitando y protegiendo a las personas y al planeta de la destrucción ambiental y los abusos contra los derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) respaldó por unanimidad los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), pero para las comunidades afectadas, muy poco ha cambiado. Los estados han realizado los UNGP con enfoques basados ​​en la buena voluntad de las empresas, que no están respaldadas por sanciones de ningún tipo.

En 2014, el CDHNU adoptó una resolución que establecía un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, con relación a los derechos humanos. Pero hasta la fecha no hemos visto un compromiso sustantivo y constructivo en el proceso de tratados vinculantes de la ONU, por parte de la UE, Canadá, Estados Unidos y otros estados poderosos.

A nivel nacional, se alcanzó un hito en 2017 cuando Francia allanó el camino con una ley innovadora, exigiendo que las principales empresas transnacionales francesas publicaran un plan de vigilancia, para identificar y prevenir los impactos negativos causados ​​por sus actividades. Esta nueva ley estableció un estándar mínimo en todo el mundo, mostrando que de hecho es posible responsabilizar a las empresas transnacionales de sus acciones, incluso más allá de su territorio nacional, sin dañar la economía. En Suiza, Alemania, los Países Bajos, Finlandia y Noruega, se está considerando una legislación nacional similar.

Hacemos una llamada a todos los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones, de obligación internacional: proteger los derechos humanos y prevenir abusos corporativos. En ese sentido, acogemos con beneplácito los resultados del estudio de la Comisión Europea mencionada anteriormente y el anuncio del Comisionado de Justicia de la UE de una legislación obligatoria y sólida. La legislación debe introducir la debida diligencia ambiental y de derechos humanos obligatoria, es decir, identificar, evaluar, detener, prevenir y mitigar los riesgos y violaciones al medio ambiente y proteger todos los derechos humanos de las cadenas de suministro de las empresas y mejorar sustancialmente las posibilidades de los afectados y de las personas que deben reclamar una indemnización en los tribunales civiles nacionales.

Creemos que las leyes pueden obtener cambios tangibles a las comunidades si también incluyen un mejor acceso a recursos judiciales para las víctimas, a fin de cumplir con el deber de los estados de proteger contra los abusos de los derechos humanos corporativos, como el acaparamiento de tierras, el asesinato de defensores de derechos humanos, el trabajo forzado e infantil, la violencia de género y la degradación ambiental y deforestación.

En consecuencia, todos los estados también deben garantizar su participación constructiva y activa en las negociaciones de la ONU para obtener un instrumento jurídicamente vinculante que regule, con el derecho internacional los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Dicho tratado evitaría que cualquier país o empresa hiciera uso de modelos de producción explotadores y aceptara la destrucción de la creación para mejorar su posición competitiva en el mercado mundial.

El sistema existente perjudica a las personas y al planeta y estamos llamados a hacerlo mejor. Confiamos en nuestro potencial para aprender colectivamente de las experiencias pasadas y la crisis actual, y proponemos un camino a seguir que valore la justicia y los derechos humanos, y ponga la vida por encima de las ganancias. La crisis del coronavirus se debe aprovechar como una oportunidad para comenzar una transición justa y establecer un nuevo sistema económico que sirva sobre todo a las personas y al planeta.

“En estas semanas, la vida de millones de personas ha cambiado repentinamente. Para muchos, quedarse en casa ha sido una oportunidad para reflexionar, retirarse del ritmo frenético de la vida, quedarse con sus seres queridos y disfrutar de su compañía. Sin embargo, para muchos, este es también un momento de preocupación por un futuro incierto, por trabajos que están en riesgo y por otras consecuencias de la crisis actual. Animo a los líderes políticos a trabajar activamente por el bien común, para proporcionar los medios y recursos necesarios para que todos puedan llevar una vida digna”. Mensaje del Papa Francisco Urbi et Orbi, Pascua 2020

Esta convocatoria cuenta con el apoyo de CIDSE, la familia internacional de organizaciones católicas de justicia social.

Publicado por AEFJN | 9 de julio de 2020 | Justicia corporativa

Huffpost OXFAM Canadá

(Se puede descargar el documento en pdf EN-Bishop-Statement-HRDD-6-Julio-2020-1)

traducido para AEFJN-Madrid

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