Los enfrentamientos  de información en torno al proyecto ProSavana en Mozambique

 

El proyecto ProSavana se lanzó en 2010 para desarrollar una zona de agricultura intensiva en Mozambique, en consorcio con Brasil y Japón. Una movilización internacional de asociaciones de la sociedad civil que ha derivado en el abandono del programa en 2017 y formó una inversión sin precedentes, para el equilibrio de poder entre los fuertes y los débiles en tierras africanas.

El año 2008 estuvo marcado por una grave crisis alimentaria mundial. Los precios de los productos agrícolas explosionaron en los mercados internacionales y empujaron a muchos países a la inseguridad alimentaria y a la inestabilidad política. El G8, reunido en L’Aquila en 2009, lanzó un fondo para la seguridad alimentaria destinado a promover la agricultura sostenible. En este contexto ProSavana fue firmado con el gobierno de Mozambique en 2010, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Agencia de Cooperación Brasileña (ABC).

Este proyecto agrícola de 14 millones de hectáreas se ubica en el Norte de Mozambique, en el corredor de Nacala y abarca 19 distritos. Con una población de cinco millones, esta región tiene muchas similitudes con el estado de Mato Grosso en Brasil, que en medio siglo se ha convertido en la principal área productora de soja del planeta. El acuerdo prevé la división del territorio en granjas, dedicadas principalmente a la producción intensiva de maíz, soja y algodón. Con acceso ferroviario al puerto de Nacala, ProSavana disfruta de una ubicación geográfica estratégica para las exportaciones a Asia.

 El atractivo de la rentabilidad agrícola en los países en desarrollo.

La colaboración entre Japón y Brasil comenzó en la década de 1970 con el proyecto PROCEDER en el “Cerrado” brasileño. Estos primeros acuerdos permitieron a Japón, bajo la presión estadounidense, diversificar sus fuentes de suministro de soja. Trajeron a Brasil el capital necesario para el desarrollo de su sector agrícola. Las responsabilidades de los países patrocinadores atestiguan la dinámica actual de la agricultura mundial. Los japoneses están a cargo del desarrollo de la infraestructura, la comercialización y la distribución de productos a Asia. Brasil aporta sus tecnologías y conocimientos, confiando en la empresa pública Embrapa y en la instalación de un instituto de investigación agronómica en la capital, Maputo, en 2009.

Brasil impulsa esta cooperación Sur-Sur a través de la comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Para Mozambique, donde casi el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, el desarrollo económico es considerable. El país está dotado de importantes recursos naturales y la promoción de la tierra es un medio para atraer el capital extranjero necesario para mecanizar y aumentar la productividad de la agricultura. De este modo, los gobiernos han permitido muchos proyectos agrícolas, acompañados de acuerdos aduaneros bilaterales y esquemas de subsidios, a cambio de inversiones y transferencias de tecnología.

El interés de los actores privados en las tierras de Mozambique se ha incrementado como resultado de la crisis financiera de 2008. Los bancos y fondos han visto esto como una fuente de inversión con alta rentabilidad y menor riesgo. Para atraer inversionistas, el fondo Nacala fue creado en 2010 y alimentado, por Brasil y Japón, con 2 millones $. La promoción de ProSavana esta asegurada por una consultora brasileña GV Agro, propiedad de la poderosa Fundación Getulio Vargas (FGV) y dirigida por el ex ministro de agricultura Roberto Rodrigues. La firma también brinda servicios a las principales empresas asociadas en el sector agroquímico para semillas y pesticidas, alimentos para procesamiento, y obras públicas e ingeniería civil para el desarrollo de infraestructura. Los acuerdos financieros se están estableciendo por medio de empresas conjuntas como AgroMoz, propiedad de la compañía portuguesa Galp e Intelec, una compañía holding propiedad de la familia del presidente de Mozambique Armando Guebuza. Estas relaciones plantean legítimamente el tema del conflicto de intereses.

La rentabilidad del proyecto se basa en la capacidad de adquirir títulos de propiedad. En Mozambique, la tierra es pública y se puede adquirir en forma de concesiones, derechos de uso y explotación (DUAT). A partir de 2010, se lanzó una campaña para comprar los DUAT, facilitada por la ausencia de catastro y la dificultad de los agricultores para justificar sus títulos de propiedad.

El plan maestro del programa también confirma la ejecución de estrategias de capacitación para los agricultores líderes y la creación de asociaciones, para promover ProSavana y alentar a los campesinos a convertirse en empleados de industrias privadas.

Movilización internacional para apoyar a los agricultores en Mozambique.

En el contexto del programa de apropiación de tierras, las cooperativas de agricultores se organizan en torno al sindicato UNAC a partir de 2011 y reciben apoyo de organizaciones de la sociedad civil. En 2012, la movilización fue cobrando impulso cuando la influyente ONG brasileña FASE invita a representantes de Mozambique a Mato Grosso para ver los impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones indígenas de la producción y el consumo intensivos de productos fitosanitarios.

ProSavana sufrió un primer shock en marzo de 2013 cuando el plan maestro se filtró y reveló la estrategia desarrollada por el consorcio. Las asociaciones denuncian la falta de transparencia y criterios para inversiones socialmente responsables. Los patrocinadores del proyecto culpan al gobierno de Mozambique por la falta de fondos para realizar una consulta pública. Se envío una carta abierta a los gobiernos de los tres países, con el apoyo de asociaciones y personalidades internacionales.

La respuesta de Mozambique es tardía y se percibe como decepcionante. El movimiento Nao Ao ProSavana está creciendo a medida que se informa sobre la presión hecha a  los campesinos. En 2015 se presentó un plan maestro revisado, se lanzó una nueva consulta, pero las posiciones de los actores civiles ahora están firmemente ancladas. Las asociaciones japonesas están presionando a sus parlamentarios para que obtengan más transparencia de JICA, una agencia bajo control público y golpeada en el pasado por escándalos financieros.

Los nuevos documentos confirman la estrategia ofensiva y ya no ocultan las intenciones mercantiles. El consorcio es atacado en todo el mundo y solo puede oponerse a una estrategia defensiva contra las revelaciones de información. La falta de coordinación de los patrocinadores del proyecto y la toma distante de Brasil marcan el cambio en el equilibrio de poder en favor de la sociedad civil. Debido a su incapacidad para adquirir tierras, ProSavana pierde su atractivo para los inversores internacionales y se abandonará en 2017.

Agricultura de Mozambique expuesta a múltiples luchas de poder.

La movilización de la sociedad civil contra ProSavana no tiene precedentes y no debería ocultar la realización de otros proyectos, como lo ilustra el grado de desarrollo del mercado del etanol. Mozambique sigue bajo la presión de los mercados agrícolas internacionales y no puede garantizar la seguridad alimentaria de su población. A largo plazo, el uso de patentes para semillas, fertilizantes y equipos también hace que el país dependa de las economías extranjeras. Estas inversiones también perturban las estructuras sociales y económicas. El desarrollo de la agricultura intensiva afecta el medio ambiente y conduce al desalojo del campesinado local. Privan a los habitantes de sus principales medios de subsistencia, obligados a ser asalariados o a marcharse. La inmigración económica en Europa es una de las consecuencias del equilibrio de poder dominante de las potencias financieras sobre las poblaciones africanas.

Ante estos desafíos, las instituciones internacionales como el Banco Mundial o la Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO establecen criterios de inversión responsable para supervisar los programas agrícolas. Sin embargo, no son obligatorios o cuantificados y se basan en la voluntad de actores públicos y privados. Mozambique, por lo tanto, tiene la responsabilidad de proteger su patrimonio para garantizar un crecimiento sostenible y la soberanía alimentaria.

Pauline Flury

Publicado en landgrab Octubre 2018

Traducido al castellano para AFJN-Madrid

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