Los desalojos violentos amenazan la tierra y las vidas en la reserva de caza de Kamnarok, en Kenia
El 18 de mayo de 2024, el gobierno de Kenia demolió y quemó las casas de más de 200 residentes indígenas del condado de Baringo, en el norte de Kenia, con la intención de expulsarlos de sus tierras ancestrales. Los desalojos llevados a cabo por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) tenían como objetivo a familias que residían en la Reserva Nacional del Lago Kamnarok (LKNR) y sus alrededores, con el objetivo declarado de proteger su ecosistema.
Según Community Land Action Now, una ONG local, los desalojos dejaron a «personas sin hogar en el frío y sin ninguna fuente de sustento». Las familias denunciaron haber perdido propiedades valiosas, incluidos negocios que las habían mantenido económicamente, lo que las obligó a quedarse con amigos o dormir a la intemperie durante días seguidos. El 23 de mayo, un juez del Tribunal de Medio Ambiente y Tierras ordenó al KWS que detuviera los desalojos tras una demanda presentada por el Grupo de Agricultores de Kamnarok, pero la orden llegó demasiado tarde para muchos.
Una historia injusta
Estos desalojos recientes son el último acontecimiento en una larga historia de desposesión forzosa de tierras para la conservación de la Reserva Natural de Kerio. Habitada por comunidades indígenas de pastores y agricultores durante generaciones, la zona alrededor del lago Kamnarok fue declarada oficialmente tierra de fideicomiso comunitario en 1980. Sin embargo, esa designación duró solo hasta 1983, cuando se creó la Reserva. El gobierno de Kenia declaró en la gaceta oficial 87,7 kilómetros cuadrados de tierra situada en el valle de Kerio para su conservación y protección, violando la adjudicación de tierras comunitarias de solo tres años antes. Esta acción dejó las casas de los residentes bajo el control administrativo del KWS y les impidió obtener derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales.
Las autoridades del condado nunca iniciaron un diálogo con los residentes de la zona en ese momento. En cambio, permitieron que la tierra se demarcara como reserva nacional, sin el consentimiento libre, previo e informado de los aldeanos afectados. “El gobierno nunca hizo lo que llamamos consulta pública”, explicó un defensor de derechos humanos local al Instituto. “Simplemente vinieron y declararon en el Registro Oficial toda la zona, incluidas nuestras granjas, como reserva nacional debido a la presencia de un pequeño lago”.
Fuente Okland Institute.
