En 2011, la república Democrática del Congo había adoptado una nueva legislación, largamente esperada por las organizaciones de la sociedad civil, ya que se encamina a proteger el derecho a la tierra del 70% del pueblo congolés que depende de la agricultura para su subsistencia. El artículo 16 de esta ley se concibió para evitar el acaparamiento de tierras por parte de inversores extranjeros. Limitaba el acceso a las tierras cultivables a los ciudadanos congoleses y/o a las empresas pertenecientes a congoleses en su mayor parte. Esta disposición fue denunciada como discriminatoria por los inversores extranjeros reagrupados en la Federación de Empresas del Congo (FEC).

El ministro belga de Asuntos Extranjeros solicitó expresamente la revisión de esta legislación durante una visita en marzo 2012, y presionó a la RDC para que ratificara el tratado Bilateral de Inversiones entre la EDC y Bélgica, en vistas a abrir camino para un arbitraje internacional que garantizara los intereses de los inversores.

El ministro alemán de Asuntos Extranjeros fue más lejos anunciando a la prensa, durante una visita económica a Kinshasa en Agosto 2015, que Alemania iba a liberar un total de 235 millones de Euros para el desarrollo de la agricultura en la RDC, “una vez que la legislación (es decir, el artículo 16) hubiera sido revisado por el Parlamento”

En gran parte por la presión internacional sobre las inversiones, la RDC ha pasado al presente de un acercamiento proteccionista del acceso a las tierras cultivables por parte de los pequeños granjeros a una nueva política agrícola tendente a crear 20 parques industriales gigantes para atraer inversiones a gran escala de sociedades de agronegocios.

 Concord, Spotlight. Investing for Development (Projecteur : investir pour le développement)?, Policy Paper, 2015.