La creación de enormes explotaciones agrícolas en Zambia provoca desplazamientos forzados de los habitantes de las comunidades rurales

Publicado el 30 de octubre de 2017

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Publicado en: Zambia

 Según el informe de Human Rights Watch publicado el pasado 30 de octubre, el Gobierno zambiano incumple su deber de velar por los derechos de los habitantes de las zonas rurales desplazados por la instalación de extensas explotaciones agrícolas comerciales en el distrito de Serenje (en el centro de Zambia).

El Magreb | 29 de octubre de 2017

Algunas explotaciones agrícolas comerciales han adquirido miles de hectáreas de tierras y han ignorado las disposiciones jurídicas existentes que se encargan de proteger el medio ambiente y de asegurar que las comunidades locales perciban una indemnización si les expropiaban sus tierras.

Algunas explotaciones comerciales han expulsado a la fuerza a habitantes cuyas familias llevaban generaciones explotando esas tierras. El informe de 101 páginas, llamado Forced to Leave: Commercial Farming and Displacement in Zambia (en español, Obligados a huir: Explotaciones agrícolas comerciales y desplazamientos de habitantes en Zambia), examina el impacto de las explotaciones comerciales sobre los derechos de los habitantes de la zona en lo que concierne la salud, la vivienda, la vida, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la educación.

El informe también señala los efectos desproporcionados que tienen las instalaciones agrícolas sobre las mujeres, puesto que a menudo se las excluye de las negociaciones con los agricultores comerciales. La publicación, que se basa en más de 130 entrevistas con habitantes de las zonas rurales afectados por la agricultura comercial, también investiga el balance en materia de derechos humanos por parte de seis explotaciones agrícolas comerciales sospechosas de haber realizado una mala gestión y de haber incumplido gravemente la protección de los derechos humanos y de gobernanza. También se basa en entrevistas con funcionarios del gobierno, agricultores comerciales, defensores y abogados.

Juliana Nnoko-Mewanu, autora del informe e investigadora de la sección Derechos de la mujer de Human Rights Watch declaró lo siguiente: «algunas familias que vivían desde hace varias generaciones y explotaban esas tierras, que han sido asignadas a explotaciones comerciales, han sido desplazadas sin que se respeten las garantías procesales y sin recibir ningún tipo de indemnización». «Ahora, algunas familias no tienen ni vivienda ni comida», añadió más adelante.

El Gobierno zambiano promueve las grandes inversiones agrícolas con el fin de diversificar la economía y reducir la pobreza en las zonas rurales. Sin embargo, según Human Rights Watch, algunas comunidades rurales se han visto profundamente afectadas debido a la negligente labor desempeñada por el Gobierno en lo que respecta a la aplicación de leyes sobre la adquisición de tierras y la regulación de este tipo de empresas.

Se han instalado numerosas explotaciones comerciales en terrenos agrícolas, que son extensas parcelas de tierra donde el Gobierno ha prometido construir carreteras y suministrar el riego, además de otras estructuras para atender a las múltiples explotaciones. Existen numerosas leyes que rigen los medios por los que se puede cambiar el estado de la tierra: de tierra «tradicional» a tierra «pública». Además, estos principios también pueden establecer la manera de comprarlas para que se constituyan terrenos agrícolas u otros proyectos de desarrollo económico.

Las tierras tradicionales las administran los jefes consuetudinarios y las tierras públicas quedan bajo el poder del Gobierno. Los responsables gubernamentales afirman que todas las tierras que forman parte de terrenos agrícolas en el distrito de Serenje se transformaron hace años y el control se transfirió, entonces, de dichos jefes consuetudinarios al Gobierno.

Algunos encargados de representación, así como miembros de las autoridades tradicionales, afirman que estos procesos son tan defectuosos que todas las conversiones deberían considerarse nulas y sin valor. La extensión de las explotaciones comerciales que se instalaron en el distrito de Serenje varía de 150 a más de 5000 hectáreas de tierra.

Estas empresas las dirigen inversores muy diversos: desde grandes sociedades hasta pequeñas empresas familiares cuyos propietarios viven y trabajan directamente la tierra. La ley zambiana otorga unas responsabilidades concretas a los responsables gubernamentales y a los inversores en lo que concierne a estas inversiones. Las explotaciones comerciales deben consultar a las comunidades afectadas, facilitar indemnizaciones de una cantidad económica apropiada, asumir algunas normas sobre reinstalación, evaluar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y atenerse a las leyes aplicables. Los responsables gubernamentales deberían asegurarse de que los proyectos de inversión cumplan la ley.

A pesar de todo, algunos habitantes de las zonas rurales del distrito de Serenje declararon a Human Rights Watch que la realidad era completamente diferente. Muchos afirmaron que nadie les había informado de la llegada de nuevas explotaciones comerciales, ni se habían esforzado lo más mínimo por proteger sus derechos. Algunos indicaron que se enteraron de la futura instalación de explotaciones agrícolas en sus comunidades debido a la visita de nuevos agricultores que querían inspeccionar y medir los terrenos. En cambio, a otros sí que se les notificó con anterioridad e incluso, en algunos casos, se les consultó o indemnizó de algún modo.

Algunos habitantes desplazados por las explotaciones comerciales afirmaron haber perdido el acceso a la comida, al agua, a la vivienda y a la educación. Muchas familias tuvieron que mudarse a zonas cuyos suelos eran de peor calidad donde ya no podían conseguir alimento suficiente para sobrevivir. Han sido expulsadas muy lejos de las fuentes de agua, lo que perjudica en particular a mujeres y niñas, obligadas a invertir más tiempo en conseguir el agua de esas fuentes alejadas. Además, muchos niños han tenido que dejar de ir al colegio porque sus nuevas casas estaban muy lejos de la escuela o porque su nueva localización no disponía de una.

El Gobierno zambiano ha descuidado la supervisión y la aplicación de las obligaciones legales propias de las explotaciones agrícolas comerciales. No ha cumplido con su misión de aplicar las leyes y los reglamentos que obligan a esas explotaciones a analizar y minimizar el impacto social y medioambiental de sus actividades. Tampoco se ha asegurado de que las empresas respeten la ley.

Desde 2013, decenas de habitantes que fueron expulsados a la fuerza por una empresa agrícola comercial han pasado cuatro años viviendo en tiendas o en alojamientos de mala calidad, que se encontraban en una zona forestal donde el acceso al agua estaba limitado. Además, afirman que recibieron la orden de no dedicarse a la agricultura.

Aunque algunos responsables gubernamentales les proporcionaron las tiendas y una mala asistencia alimentaria durante el primer año, se acabaron olvidando por completo de esa comunidad. Estos habitantes afirmaron que habían sido dejados a su suerte y que habían perdido la esperanza de que el Gobierno los reinstalara en otras tierras.

«La agricultura comercial pilló por sorpresa a los habitantes de zonas rurales en el distrito de Serenje», declaró Patrick Musole, director de los programas de Zambia Land Alliance, un grupo de organizaciones que apuestan por políticas territoriales equitativas y por leyes que tengan en cuentan los intereses de los más desfavorecidos. Añadió lo siguiente: «Los responsables gubernamentales y muchas empresas agrícolas comerciales se precipitaron a instalar extensas explotaciones agrícolas en terrenos que ya estaban ocupados, sin ningún respeto por los derechos humanos de los habitantes».

Los impactos negativos de estas decisiones los han sufrido de manera especial y desproporcionada las mujeres de las comunidades desplazadas por su papel y su estatus social, ya que tenían menos posibilidades que los hombres de negociar y reivindicar sus derechos. Las mujeres han descrito los grandes retos a los que han tenido que enfrentarse para sacar adelante a sus familias después de haber perdido el acceso a las tierras fértiles propicias a dar cosechas, a los terrenos de caza o de recolección y al agua potable, incluso para el uso doméstico. Algunas se han quejado de la falta de alimentos nutritivos, pues la escasez les impedía conseguir comida suficiente.

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU estipulan que las empresas comerciales, incluidas las explotaciones agrícolas comerciales, son las responsables de identificar, impedir, moderar y remediar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con sus actividades. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos protege el derecho a un ambiente saludable. El derecho internacional y regional en materia de derechos humanos también prohíbe la expropiación forzosa y reconoce el derecho a la alimentación, al agua, a la educación y a la salud.

Además de ratificar los tratados sobre los derechos humanos, Zambia ha adoptado leyes y principios que deberían proteger los habitantes de las zonas rurales y guiar los procesos de reubicación e indemnización. Sin embargo, las explotaciones agrícolas comerciales del distrito de Serenje han reconocido a Human Rights Watch que, por parte de las autoridades, recibían información contradictoria relevante a las obligaciones jurídicas que debían tener con los residentes. Asimismo, los responsables gubernamentales han reconocido que la situación en el distrito de Serenje no se había gestionado bien.

Una explotación agrícola comercial examinada por Human Rights Watch ha elegido un enfoque alternativo, al realojar a una familia y al poner en marcha un «plan de mejora de medios de vida». Está destinado a las decenas de familias que se han quedado en sus tierras, pero que igualmente se han visto afectadas por las actividades de dicha explotación agrícola comercial. Su balance en términos de consultas y de esfuerzos para remediar los problemas de los habitantes era mejor que en el resto de terrenos analizados. No obstante, incluso esa explotación debería contar con una mayor supervisión por parte del Gobierno.

Human Rights Watch ha hecho un llamamiento al Gobierno zambiano para que garantice los derechos de los compatriotas rurales que viven en las zonas consagradas a la agricultura comercial, así como para que respete rigurosamente todas las leyes y políticas pertinentes, incluidas aquellas en relación a la reubicación y la indemnización.

La organización también ha pedido a las agencias gubernamentales que cuenten con suficientes recursos y personal, sobre todo en el ámbito de la formación, para aplicar las leyes y controlar las actividades de las explotaciones agrícolas comerciales y así mejorar la transparencia. Human Rights Watch recomendó al Gobierno que adoptara un texto legal, anhelado desde hace tiempo, sobre la administración de tierras tradicionales y que actualizara la política territorial nacional.

Juliana Nnoko-Mewanu afirmó que «el Gobierno debería reaccionar con firmeza y rapidez para mejorar la aplicación de sus propias leyes y reglamentos. Deberían parar las expropiaciones forzosas y asegurarse de que las familias desplazadas sean indemnizadas por las violaciones de los derechos humanos que han sufrido».

Fuente: Le Maghreb

Traducido para Umoya por Begoña Carrasco González y Marcos Orcástegui Herbera (Universidad de Salamanca)

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