Acaparamiento de tierras

Los intentos de diálogo de comunidades senegalesas con una empresa con participación española que extrae fosfatos en sus tierras y las consecuencias para sus condiciones de vida.

La población de Koudiadiene y de sus comunidades cercanas, en la región senegalesa de Thiès, convive con la mina de fosfatos colindante, herencia de los tiempos de la colonia francesa, desde hace ya más de 70 años. Las diversas operaciones financieras y cambios de accionariado de la explotación no han modificado significativamente la invisibilidad de las gentes que han cohabitado con el fosfato, el polvo y las distintas empresas que han pasado por la zona.

La alta importancia económica y la dependencia del exterior, hace del fosfato una materia prima estratégica para la Unión Europea¹ y su modelo agroalimentario. Esta importancia estratégica, para esta y otras materias primas, está llevando a grandes empresas multinacionales extranjeras a priorizar el acaparamiento de grandes extensiones de terreno que garanticen la competitividad presente y futura de sus industrias extractivas en general. En este complejo entramado de relaciones e intereses globales se enmarca este caso de la localidad de Koudiadiène y su relación con la empresa de capital español SEPHOS SENEGAL S.A., actual explotadora de la mina.

Desde 2015, la Red África Europa Fe y Justicia (AEFJN) y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES vienen realizando el acompañamiento a la población de Koudiadiène , recogiendo testimonios y dando a conocer las consecuencias de la explotación para la gente. Se evidencia la falta de empleo, los problemas de salud derivados del polvo omnipresente y la pérdida de superficie cultivable en el entorno cercano al pueblo con las correspondientes dificultades para el desarrollo de la actividad económica tradicional en la zona. ²

En mayo de 2017 los representantes del pueblo de Koudiadiène, y los responsables de la explotación minera llegaron a un acuerdo por el que la empresa, a propuesta de sus directivos, se comprometía a una serie de contraprestaciones que pudiesen aliviar la precaria situación de los habitantes de Koudiadiène por el impacto de la mina. Las medidas acordadas respondían a los ámbitos en los que los representantes de la población presentaron las demandas de la comunidad: la salud, el empleo, la formación de los jóvenes, la promoción de microcréditos y proyectos productivos y por último, la concertación de un plan integral de medidas ambientales y socioeconómicas de reducción del impacto durante la explotación y de remediación para la zona al final de la misma. Se trataba de una batería de medidas que hacían ver la buena intención de la empresa para el desarrollo de sus actividades con la diligencia debida más allá de lo estipulado por la legislación nacional e internacional.³

Sin embargo, pasado un año de aquel compromiso los portavoces de la comisión de representantes de la población nos trasladan que nada de lo prometido y de la palabra dada por SEPHOS se ha llevado a cabo. Nada.

Valoración de impactos e informaciones incompletas

De acuerdo con las informaciones aportadas por los representantes de la comunidad, las prácticas de la empresa SEPHOS en la explotación minera de Koudiadiène no se diferencian de las de otras empresas extranjeras en Senegal.

Por un lado en el informe de impacto medioambiental y socioeconómico realizado por la misma compañía, y a través del cual obtuvieron la licencia de explotación, ya se alertaba sobre determinados riesgos que la población vive y evidencia, como se ha podido comprobar in situ. En el aspecto socioeconómico que refleja el informe, se muestra la pertinencia de los compromisos de desarrollo que recogía el acuerdo de 2017 y que lamentablemente no se están cumpliendo. Tampoco, de acuerdo a lo que manifiesta la población local, las ayudas económicas que la empresa está prestando a la Municipalidad de Cherif-lo (núcleo urbano al que está adscrito Koudiadiene) cuentan con la transparencia necesaria y alimentan la corrupción de las autoridades y su uso en fines no destinados a las poblaciones afectadas por la explotación minera.

A pesar de la previsión de la progresiva disminución de actividad de la explotación según informó la empresa en nuestra visita de 2017, los trabajos no están disminuyendo su intensidad, con las correspondientes consecuencias para la población. Este hecho se ha aprovechado para tomar muestras de polvo para su análisis por expertos universitarios involucrados en el acompañamiento a la zona. Por otro lado tampoco se cuenta hasta la fecha con el plan de remediación, que exige la ley para el inicio de la explotación minera.

Por parte de AEFJN y REDES, hemos manifestado a SEPHOS en repetidas ocasiones nuestro deseo de continuar con el proceso de diálogo con el objeto de establecer una colaboración en beneficio de todos: empresa, comunidad local y medio ambiente en la línea de búsqueda de un ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo de una actividad empresarial respetuosa con los Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones iniciales nuestras comunicaciones no están obteniendo respuesta. No obstante y en nuestra línea de trabajo por el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas recientemente aprobado por el Gobierno Español, pedimos a la empresa que cumpla sus compromisos y que más allá de la legalidad vigente adopte un sistema de explotación según la diligencia debida que en todo caso garantice los derechos básicos de los legítimos dueños de la tierra.

José Luis Gutiérrez – AEFJN

Jaime Palacio Forcat – REDES