Acaparamiento de tierras

Mientras que Donald Trump elogió el acuerdo de “paz” entre Ruanda y la República Democrática del Congo, señalando el fin de una mortífera guerra de tres décadas, un nuevo informe del Oakland Institute, Shafted: The Scramble for Critical Minerals in the RDC, lo expone como la última maniobra estadounidense para controlar los minerales críticos congoleños.

“La participación de Estados Unidos en los asuntos congoleños siempre ha estado inequívocamente ligada al objetivo de asegurar el acceso a minerales críticos”, declaró Frédéric Mousseau, coautor del informe y director de Políticas del Oakland Institute. “El acuerdo de “paz” llega tras décadas de entrenamiento, asesoramiento y patrocinio estadounidense de ejércitos extranjeros y movimientos rebeldes, y en un momento en que Ruanda y su aliado, el M23, han expandido su control territorial en el este de la República Democrática del Congo. Este acuerdo beneficia a los intereses mineros estadounidenses y recompensa a Ruanda por décadas de saqueo de los recursos congoleños”. El análisis del informe de datos previamente ignorados sobre el comercio de coltán muestra que Estados Unidos ha sido un actor central en el lavado de minerales congoleños de contrabando. Las exportaciones totales de tantalio (mineral metálico extraído del coltán) de Ruanda a Estados Unidos se multiplicaron por 15 entre 2013 y 2018. Esto ocurrió después de la primera invasión del M23 en 2012 y en el momento en que el gobierno estadounidense suspendió su mecanismo de sanciones contra Ruanda. En su punto álgido, más de la mitad de las importaciones estadounidenses de tantalio provenían de Ruanda, a pesar de la limitada producción del país.

Shafted: The Scramble for Critical Minerals in the RDC detalla cómo la integración económica regional, en el centro del acuerdo de «paz», legalizará este lavado. “Con las mayores reservas mundiales de minerales críticos, los congoleños seguirán soportando los costos sociales y ambientales de la extracción, mientras que Ruanda se beneficia del procesamiento y la exportación de los recursos de su vecino”, declaró Andy Currier, coautor del informe y analista de políticas del Oakland Institute. “El engaño es aún más evidente al saber que el Ministro de Estado para la Integración Regional de Ruanda no es otro que James Kabarebe, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos a principios de 2025 por orquestar el apoyo de Ruanda al M23, coordinar la exportación de minerales de la RDC y gestionar los ingresos generados por esta extracción”.

El informe muestra que la integración regional negociada por Estados Unidos consiste en realidad en construir dos rutas de exportación distintas para los minerales congoleños. Una que establece a Ruanda como centro para los minerales extraídos en las zonas de conflicto del este de la República Democrática del Congo y otra que moderniza el Corredor de Lobito, una ruta clave de exportación al océano Atlántico para el cobre y el cobalto extraídos en el sur del país, financiada mediante un préstamo de 553 millones de dólares estadounidenses a Angola por la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC).

Varias empresas estadounidenses ya están negociando acuerdos mineros a lo largo de estas dos rutas, respaldadas por multimillonarios de alto perfil como Bill Gates, allegados de Trump y figuras militares y de inteligencia estadounidenses. «La verdadera paz y prosperidad solo llegarán cuando los congoleños, y no las potencias extranjeras, definan el futuro del país», declaró Maurice Carney, director ejecutivo de Amigos del Congo. «Bajo la ‘paz’ negociada por Estados Unidos, el sufrimiento del pueblo congoleño persiste y se abre una nueva era de explotación». Con más de 1.000 civiles asesinados en los meses transcurridos desde la firma del acuerdo de «paz», Shafted demuestra que las preocupaciones de la sociedad civil congoleña están bien fundadas. La intervención estadounidense tiene poco que ver con el fin de la violencia, y mucho con facilitar el acceso estratégico a la minería para los intereses corporativos. El acuerdo, en la práctica, premia la agresión, al tiempo que deja de lado las condiciones esenciales para una paz duradera: la rendición de cuentas de los perpetradores y sus facilitadores, la justicia para las víctimas y la soberanía del pueblo congoleño.

Traducido para AEFJN, Antena Madrid