En Senegal: golpe de gracia contra el acaparamiento de tierras por los socios de AFRI
Con la decisión de la Corte Suprema, estos agricultores podrán continuar cultivando la tierra de sus antepasados.
En Dodel y Demette, hubiera sido necesario un año y ocho meses para que la acción del Colectivo de anulación fuera efectiva. El 11 de abril de 2019, 20 meses después de la solicitud presentada por el abogado del Colectivo, el Tribunal Supremo de Senegal finalmente aceptó su solicitud y canceló el contrato de arrendamiento entre el Gobierno y los Socios de AFRI.
Este último paso formaliza la decisión del presidente Macky Sall de cancelar el proyecto y cierra definitivamente el archivo. También revoca la amenaza a las poblaciones de las comunas de Dodel y Demette, en el norte de Senegal evitando que 10,000 hectáreas de sus tierras sean otorgadas a un inversor privado.
En septiembre de 2018, ya publicamos un reportaje sobre este caso de Dodel en nuestras informaciones: “Supporterres and Challenges South”.
Recordamos que se trata de un proyecto de inversión de tierras y una amenaza de acaparamiento muy concreto, de la población senegalesa. En marzo de 2017, la sociedad anónima marroquí AFRI, firmó un memorando de entendimiento en Dakar con los alcaldes de las comunas de Dodel y Demette, ubicadas en el departamento de Podor, en el norte de Senegal, de 2 mil millones de francos CFA (unos 3.050.000 euros). A cambio, las comunas pusieron a disposición 10.000 hectáreas para la realización de un proyecto agroindustrial por un período de 40 años. Siguió una movilización ciudadana sin precedentes y un trabajo de incidencia política a largo plazo a todos los niveles de gobierno. Lo que ha llevado al éxito que os comunicamos.
Elementos que se reunieron para llegar a esta victoria contra el acaparador:
- Información para denunciar a tiempo el acaparamiento.
- Un colectivo para llevar a cabo la movilización.
- Trabajo de sensibilización con las poblaciones afectadas (23 aldeas).
- Aprovechar los medios de comunicación para dar a conocer el proyecto al mayor número posible de personas.
- El apoyo de la diáspora para introducir recursos financieros y contratar los servicios de un abogado y un agente judicial.
- La pericia legal desplegada por el abogado y el alguacil para demostrar defectos formales en el procedimiento,
- Información mediática de la movilización ciudadana.
Este mismo mecanismo es el que deberíamos poder desplegar con cada amenaza de un nuevo caso de apropiación de tierras que se cierna sobre los derechos de la población a la tierra. A este precio se podría evitar el acaparamiento de tierras, proceso que gravita sobre los derechos fundamentales de la población. Si continuamos actuando así, los inversores eventualmente se desanimarán.
Traducido para AEFJN Madrid
Fuente original: SOS Fai
Publicado: 6 de mayo de 2019.
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