1604 Programas internacionales de Seguridad Alimentaria: ¿Alimentar o sangrar a África?
No parece que exista una nación africana que no sea miembro de las Naciones Unidas, y la pertenencia a este cuerpo mundial es, entre otras cosas, un compromiso de los gobiernos nacionales de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. En el cuadro de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a una vida digna está intrínsecamente vinculado al derecho a una alimentación de calidad, nutritiva, y a la promoción de otros derechos, valores y cultivos, que hacen posible que sus ciudadanos tengan una vida progresivamente más digna. En consecuencia, es muy preocupante que los gobiernos africanos suscriban cada programa internacional de desarrollo, por el mero hecho de que tiene la etiqueta de seguridad alimentaria, cuando de hecho esos programas se orientan hacia el robo de sus recursos, y violan arbitrariamente los derechos de sus ciudadanos.
Aún más preocupante es el hecho de que gobiernos nacionales africanos decreten leyes que violan los derechos de sus ciudadanos para favorecer a empresas transnacionales europeas o americanas, y mantener relación, a cualquier precio, con los “países poderosos del mundo”. Todo este negocio desafía el desarrollo real humano que es el auténtico avance del pueblo. La integridad de la humanidad colectiva exige que sigamos presionando para que las transacciones respeten los derechos inalienables de todo ser humano.
Mientras AEFJN sigue abogando por políticas económicas más equitativas en la UE en relación con África, los gobiernos africanos deben evitar toda seducción de corrupción a expensas de sus ciudadanos. Tienen que demostrar que tienen una fuerte capacidad para el bien y para una gobernanza justa, y que por tanto la comunidad internacional debe tomarlos en serio. Han sido elegidos para alimentar a sus gentes, no para sangrarlos. En un último análisis, tanto los gobiernos nacionales africanos como las sociedades transnacionales (STN) deben ser acusados como responsables de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en África.
Un ejemplo típico de la actitud de desinterés de los gobiernos africanos cara a la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos es el paso clandestino de la ley de Bioseguridad en Nigeria, que el presidente de entonces, Mr Goodluck Jonathan, hizo aprobar a toda prisa en las últimas semanas de su mandato. Esa ley permite la introducción de la agro-industria en los monocultivos, así como el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en el sector agrícola nigeriano. La razón avanzada por la ley de bioseguridad es que la agro-industria y los OGM son la llave mágica para la seguridad alimentaria de África, la lucha contra el paro y otros retos sociales. Este tipo de argumentos no se sostienen, ya que las estadísticas demuestran todo lo contrario. Es sólo una estratagema del G8 para hacer progresar el control de los sistemas alimentarios y de los cultivos de África por parte de las sociedades.
La preocupación respecto a los OGM en Europa y en América radica sobre todo en la seguridad de los consumidores. Para los países africanos es una hidra de muchas cabezas y una preocupación socio-económica que incluye la pérdida sistemática del derecho tradicional de los granjeros a favor de patentes propiedad de las sociedades transnacionales. ¿Existe una esclavitud mejor organizada que el control por parte de las STN de Europa y América de lo que los africanos comen en África?
Lo que hay de más patético en el tema de la situación de Nigeria es que el proceso que se llevó a cabo para el proyecto de ley y su firma no respondió a ninguna norma mínima internacional. El nigeriano instruido medio no sabe de qué van los OMG, y qué decir de la población analfabeta, más numerosa. Sin embargo el paso de la ley que cambiará sus cultivos y sistemas alimentarios se ha hecho sin ningún esfuerzo para informar a los ciudadanos.
La historia se repite en otros países africanos. En Tanzania por ejemplo, la comunidad Lipokera en Songea ha sido desplazada por la fuerza para adaptarse al programa SAGCOT (Corredores agrícolas meridionales de crecimiento de Tanzania)) del G8, que no contribuye a la seguridad alimentaria de la comunidad ni añade ningún valor a la economía tanzana. Los inversores producen café para exportar, y el café no es un hábito de los tanzanos. Hay una seria tensión entre la comunidad y los inversores porque el agua de la que depende la comunidad para subsistir ha sido acaparada junto con los 5.000 acres a ambos lados del río.
Uno se pregunta por qué los gobiernos nacionales africanos querrían hipotecar su país a favor de las ganancias personales de algunas elites políticas. Lo que es cierto es que los diversos programas de desarrollo que se le ofrecen a África son programa de explotación disfrazados, pero saber si los gobiernos africanos harán frente a esa dura realidad, y tomarán el futuro entre sus manos, eso es otra historia.
Chika Onyejiuwa CSSp
Secretario Ejecutivo
